Suspenden consulta minera en Pasca
En el marco de un proceso de tutela, el Consejo de Estado ordenó, como medida provisional, la suspensión de la celebración de la consulta popular que se realizaría el próximo 6 de agosto de 2017, en el municipio de #Pasca (#Cundinamarca), y que tenía por objeto que los habitantes de dicho municipio respondieran si estaban o no de acuerdo “con que se ejecuten actividades exploratorias, sísmicas, perforaciones, explotaciones, producción y transporte de hidrocarburos” en dicho territorio.
La decisión fue proferida por el Magistrado Alberto Yepes Barreiro, de la Sección Quinta de esta Corporación, al admitir la tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos -ACIPET- contra el fallo de 17 de mayo de 2017, a través del cual el Tribunal Administrativo de #Cundinamarca aprobó la pregunta que se pretendía realizar a los pasqueños.
La medida provisional se decretó, de un lado, por la urgencia que rodeaba las circunstancias del caso en la medida en que la consulta popular estaba programada para el 6 de agosto próximo y, de otro lado, en atención a que la pregunta que habría de responderse, tal y como había sido aprobada por el Tribunal de Cundinamarca, podía poner en peligro los intereses del propio municipio.
En efecto, se constató que el Tribunal de Cundinamarca se limitó a examinar (i) la competencia que tienen los entes territoriales para regular el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, (ii) la participación que tienen los habitantes de un municipio sobre aspectos que son de competencia del ente territorial y, (iii) la forma en que debe ser elaborada la pregunta de conformidad con la ley y la jurisprudencia.
Así pues, no se adelantó un análisis de fondo, entre otros aspectos, (i) en relación con la actividad del transporte de hidrocarburos y su impacto en las necesidades de movilidad y abastecimiento del ente territorial, como tampoco se consideró, (ii) el efecto de este tipo de decisiones en la economía nacional y en la sostenibilidad del país, aspectos que habrán de desarrollarse en la sentencia de tutela correspondiente.
