En Cundinamarca, las víctimas sí tienen voz
En el marco de las acciones adelantadas en favor de las víctimas del conflicto armado interno, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, firmó el Decreto departamental de corresponsabilidad 389 de noviembre de 2016, por medio del cual se reglamenta la estrategia que permite el desarrollo de la política pública nacional para las víctimas del conflicto armado interno en el departamento.
Conscientes de la importancia en la implementación de los principios de corresponsabilidad, subsidiaridad y concurrencia, el decreto plantea una adecuación institucional, mediante la cual la actual oficina de atención integral a víctimas, hace tránsito a una Dirección para la Atención y, al tiempo, se crea la Dirección de Convivencia, Justicia y Derechos Humanos.
En este sentido, se promueve el ejercicio de participación efectiva de las víctimas en los escenarios de articulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública y se obliga a los delegados, secretarios de departamento, directivos, gerentes y enlaces de víctimas a asistir.
Por otra parte, se insta al uso de las diferentes herramientas de reporte y caracterización de población víctima, con el fin de determinar las acciones pertinentes para el restablecimiento de sus derechos.
Los siguientes, son algunos de los criterios que permitirán la priorización de los recursos y las estrategias de intervención en el departamento:
• Municipios que hayan contemplado en sus planes de desarrollo un capítulo específico, programa y/o meta para la implementación de la política pública.
• Aquellos con mayor índice de población víctima y que no cuentan con recursos suficientes para su atención.
• Territorios con población víctima claramente identificada.
• Municipios con mayores índices de población en cualquiera de las siguientes condiciones de vulnerabilidad, mujeres víctima cabeza de hogar; niños niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad.
• Municipios con planes de retorno reubicación o reparación colectiva, entre otros.
Finalmente, como parte del contexto general del conflicto en Cundinamarca, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en el departamento viven 139.512 personas víctimas declaradas. De ellas, caracterizadas por enfoque diferencial de género, 69.805 son hombres, 68.819 mujeres y 17 hacen parte de la población LGBTI. Sobre otras 871 no hay reporte.
