Procuraduría solicitó al Gobierno Nacional el pago de la deuda con la red pública hospitalaria del país

La Procuraduría solicitó al Gobierno Nacional el pago de la deuda con la red pública hospitalaria del país. Los siete departamentos a los que se les adeudan más de $230 mil millones son Huila, Nariño, Meta, Cauca, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca .

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la deuda con la red pública hospitalaria del país supera los $5,4 billones de pesos, lo que afecta gravemente las finanzas de más de 900 Empresas Sociales del Estado -ESE-.  

En informe preventivo, el Ministerio Público advirtió que el 60% de la deuda tiene una mora superior a los 90 días, que evidentemente ha afectado el funcionamiento de los hospitales públicos y puesto en peligro su permanencia.  

A los hospitales universitarios se les adeuda más de $880 mil millones de pesos, y es a estos lugares, que tienen servicios de atención de tercer y cuarto nivel a donde llegarían los casos más complejos por infección con covid-19, requiriendo tratamientos en Unidades de Cuidado Intensivo -UCI-. 

Los siete departamentos a los que se les adeudan más de $230 mil millones son Huila ($232.623.286.678), Nariño ($266.532’298.832), Meta ($292.702’323.984),  Cauca ($376.972’549.491), Cundinamarca ($596.731′.272.264), Santander ($504.394’516.985), y Valle del Cauca ($619. 371’957. 425). Para el caso de Bogotá la deuda a la red pública hospitalaria es de $1,090.242’869.828.  

El ente de control aseguró que la cartera en mora a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, las EPS, Entidades Territoriales, Administradoras de Riesgos Laborales, y las compañías de seguros que administran SOAT, tienen en riesgo de quiebra a los hospitales públicos del país.  

Pidió a las Empresas Sociales del Estado no ceder ante las presiones de las EPS, que estarían ofreciendo desembolsos rápidos por la compra de cartera anunciada por el Gobierno Nacional,  a cambio de que les concedan descuentos adicionales sobre las acreencias y reiteró que la Procuraduría trabaja por la salvaguarda de los recursos públicos de la salud.  

Señaló que es indispensable adoptar medidas que garanticen el flujo continuo de recursos hacia las ESE, con el fin de asegurar el pago de honorarios, salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social de su personal médico, paramédico, administrativo, y el cumplimiento a los acuerdos financieros con los proveedores de insumos médicos hospitalarios. 

La Procuraduría solicitó al Gobierno Nacional el pago inmediato de estas deudas mediante cruce de cuentas de ADRES con EPS y entidades territoriales, o haciendo efectiva de manera inmediata la compra de cartera. 

Instó a las ARL y entidades aseguradoras a ponerse al día con la red pública hospitalaria, con el objetivo de que esta inyección de recursos posibilite que las Empresas Sociales del Estado puedan disponer de recursos para pagar, adquirir equipos, medicamentos, insumos, dispositivos médicos y elementos de protección personal necesarios para atender la demanda de servicios médicos derivada de la pandemia del covid-19, tal como lo ha instruido la Organización Mundial de la Salud. 

Así mismo, solicitó a la Superintendencia Financiera para que adopte medidas concretas, dirigidas a vigilar que las compañías de seguros se pongan al día con las obligaciones adquiridas con la red pública hospitalaria del país.