Cara a cara entre el contralor de Cundinamarca y CODENSA por el alumbrado público
Este 6 de julio el Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo y el representante legal de Codensa S.A. E.S.P. se presentan ante el juez 47 administrativo del Circuito de Bogotá, sección segunda con el fin de llevar a cabo audiencia de pacto de cumplimiento frente a la acción popular que en representación de los municipios del departamento presentó en diciembre de 2016, el jefe del ente de control en miras de proteger los derechos y los intereses de los cundinamarqueses respecto a la prestación del servicio de alumbrado público.
Con esta iniciativa se plantea que la modalidad contractual de arrendamiento establecida por la CODENSA S.A. E.S.P. para prestar el servicio de alumbrado público en Cundinamarca (El Rosal, Simijaca, Chía, El Colegio, Cogua, Suesca, Zipaquirá, Madrid, Sibaté, Chocontá, Nemocón, La Palma, Tocancipá, Tabio, Tausa, El Peñón, Cajicá, Caparrapí, Carmen de Carupa, Cucunubá, Gachancipá, Guatavita, Jerusalén, La Mesa, La Peña, Lenguazaque, San Bernardo, Sesquilé, Sopó, Tenjo, Topaipí, Villapinzón, Viotá, Yacopí y Zipacón, entre otros) genera un posible detrimento patrimonial en estas entidades territoriales. Cabe destacar que 28 municipios de los anteriormente señalados han coadyuvado la acción popular presentada por el contralor de Cundinamarca.
El sustento legal de la acción popular pide que se revise el actuar monopolístico y de posición dominante por parte de Codensa, que al fijar contratos de arrendamiento con plazos contractuales que oscilan entre los 15 años y prórrogas por periodos de 15 a 20 años, no permite a las administraciones municipales convocar a licitaciones públicas para la prestación del servicio, mantenimiento, reparación y expansión de las redes de alumbrado público, y garantizar así la pluralidad y la selección objetiva de oferentes.
Hace una semana, el contralor departamental y presidente de la Comisión Regional de Moralización, rechazó enérgicamente el anunció y las acciones de hecho que realizó CODENSA “en contra de los más de 26 mil habitantes del municipio de Sopó a través de comunicados con fecha del 23 y 24 de junio dirigidos al Comandante de Policía, a los clientes y habitantes de esta población informando la suspensión del servicio de energía con destino al alumbrado público, en algunos sectores de la población, a partir del 24 de junio, por el no pago de la deuda por parte de la alcaldía municipal”.
En desarrollo de la acción popular el contralor de Cundinamarca solicita que la Empresa de energía reconozca a favor de los municipios afectados la titularidad de la infraestructura como postes de luz, luminarias, redes y todos aquellos elementos que hagan parte de la prestación del servicio de alumbrado público.
Se explica que el actual sistema de contratación es contrario a la normativa ya que el servicio de alumbrado público se debe prestar a través de contratos de concesión, en los que se pacten cláusulas de reversión, aspecto que no se cumple al suscribirse a través de la figura de arrendamiento.
Se destaca además que, a la vigencia de 2015, haciendo un promedio de 14.6 años de ejecución de los contratos de arrendamiento, 18 municipios de Cundinamarca han cancelado cerca de $73 mil millones de pesos.
